CCOO y FSES cuestionan la externalización tributaria; la Agencia niega que ceda potestades

La contratación de servicios de apoyo de la **Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ATRM**, ha abierto un conflicto con **CCOO y FSES**. Los sindicatos reclaman paralizar una nueva licitación de asistencia e información tributaria y reforzar la plantilla pública, mientras la Agencia sostiene que mantiene íntegramente sus competencias y que el contrato se limita a tareas auxiliares.

La discrepancia, conocida este **29 de septiembre**, afecta a un contrato con un **presupuesto base superior a 11,5 millones de euros** y un **valor estimado de 32,521 millones**, incluidas posibles prórrogas. Son magnitudes diferentes: la segunda no representa un pago inmediato de esa cantidad ni debe sumarse a la primera.

La licitación contempla servicios hasta 2028. Los sindicatos sitúan el principal motivo de preocupación en las funciones relacionadas con la gestión documental, la información al contribuyente y las notificaciones, además del acceso a datos tributarios de los ciudadanos.

Los sindicatos piden más puestos públicos

**María José Gallego, de FSES**, considera especialmente sensible la incorporación de tareas relacionadas con las notificaciones administrativas. La organización entiende que estas afectan a las garantías de los contribuyentes y cuestiona que se incluyan en la externalización.

Desde **CCOO, Francisco Saura** interpreta el contrato como un nuevo avance en la privatización de servicios. Ambas organizaciones piden aumentar los puestos estructurales de la Agencia y han anunciado que reclamarán explicaciones a la Consejería de Economía y Hacienda.

La denuncia sindical se refiere al modelo de prestación del servicio y a los recursos humanos. No acredita por sí misma que se haya producido una filtración de información ni que una empresa haya asumido facultades de inspección, liquidación o sanción que correspondan a funcionarios.

La Agencia defiende su modelo de apoyo desde 2013

El director general de la ATRM, **Eduardo Prieto**, rechaza que la contratación suponga privatizar la Agencia. Su posición es que el organismo sigue utilizando un modelo de servicios auxiliares y de apoyo vigente desde su creación en **2013**, bajo dirección, supervisión y control públicos.

Prieto sostiene que las tareas que implican potestades públicas o están reservadas legalmente a funcionarios continúan siendo desempeñadas exclusivamente por estos empleados. La Agencia justifica el apoyo externo por el volumen de atención: **más de un millón de consultas presenciales entre 2022 y 2025** y cerca de **200.000 llamadas al año**.

El desacuerdo está, por tanto, en el alcance de las funciones contratadas y en cómo deben dotarse los medios para atender la demanda. La existencia de servicios auxiliares no resuelve por sí sola esa discusión, del mismo modo que la crítica sindical no equivale a una resolución que declare irregular el procedimiento.

Un debate sobre servicios que llegan a toda la Región

La atención tributaria forma parte de gestiones habituales para hogares y negocios, junto a obligaciones locales como los padrones del IBI y residuos de Ricote. La accesibilidad de esos trámites cobra importancia en un contexto donde los municipios amplían canales como Alguazas Conecta y programas de formación en gestiones digitales en Molina.

La demanda sindical de paralización y la defensa institucional mantienen abierto el conflicto. El seguimiento de la licitación y la delimitación concreta de sus tareas serán las referencias para conocer cómo se desarrollará el servicio de atención tributaria.