Cuatro investigados por las prótesis del SMS niegan haber intervenido en el presunto fraude

Las primeras **declaraciones por las prótesis del SMS** han dejado este miércoles **cuatro** versiones que rechazan la implicación de los comparecientes en **el presunto fraude** investigado por un juzgado de Murcia.

Dos trabajadores del hospital Virgen de **La Arrixaca** negaron tener responsabilidad sobre las compras o la elección de los productos utilizados en las intervenciones. Por su parte, dos responsables de **Logimed** rechazaron haber suministrado prótesis caducadas. La jornada coincide con las concentraciones anunciadas por posibles afectados.

El magistrado titular de la plaza número 7 del tribunal de instancia de Murcia inició el miércoles una ronda de comparecencias que está previsto prolongar hasta el viernes. Hasta una docena de investigados están llamados a declarar en una causa sobre la adquisición, el registro y la utilización de productos sanitarios. Las explicaciones ofrecidas ante el juez son versiones de los investigados, no conclusiones judiciales sobre lo sucedido.

Qué dijeron los trabajadores de La Arrixaca

La primera en comparecer fue una **administrativa del servicio de Radiodiagnóstico y Admisión**.

Según la investigación de la Policía Nacional, con su usuario se registró en el sistema buena parte de los productos no homologados que aparecen en la causa. Los agentes consideran que conocía su utilización. Ella sostuvo ante el juez que su tarea consistía en introducir la información de los productos consignados en las operaciones, sin decidir cuáles se adquirían o empleaban.

La trabajadora explicó que manejaba más de **4.000 referencias** y que no podía identificar a qué producto correspondía cada código. Añadió que otros responsables supervisaban su labor y le comunicaban los errores que detectaban. La investigación tendrá que determinar qué conocimiento podía atribuirse a cada persona que intervenía en el registro de esos datos y qué funciones desempeñaba realmente.

También declaró un **enfermero supervisor delegado del área de Radiología Vascular Intervencionista**.

La Policía le atribuye el traslado de los partes de implante para su mecanización y sostiene que presuntamente conocía el uso de productos no homologados. El profesional respondió que se limitaba a remitir esa documentación: afirmó que no cotejaba, ni le correspondía cotejar, si los productos anotados eran los efectivamente utilizados.

El abogado de ambos trabajadores, **José María Caballero**, defendió que sus clientes no participaban en las compras, las negociaciones ni las decisiones clínicas sobre qué producto se implantaba. Cuestionó su inclusión entre los investigados y expresó su confianza en que las declaraciones permitan aclarar su papel. Esa posición de la defensa deberá contrastarse con la documentación y el resto de testimonios incorporados al procedimiento.

Logimed niega el suministro de productos caducados

La sesión se completó con las declaraciones de la **administradora de Logimed** y de su marido, directivo de la empresa.

La Policía los considera beneficiarios de una supuesta facturación fraudulenta que cifra en torno a **6,6 millones de euros** y conocedores, según su investigación, de la venta al **Servicio Murciano** de Salud de productos caducados. Ambos contestaron únicamente a las preguntas del juez y de su defensa.

La administradora explicó que durante parte de los años investigados estuvo apartada de la actividad empresarial por una enfermedad.

Su marido aseguró que **Logimed** suministraba los productos solicitados por el **Servicio Murciano de Salud** y negó que se vendieran estents caducados. Preguntado por las diferencias de precio **respecto** a otras comunidades, atribuyó el mayor importe aplicado en Murcia a que, según su versión, era la administración que peor pagaba a la empresa.

Reacciones políticas y origen de la investigación

A las puertas del juzgado, el socialista **Miguel Ortega** reclamó responsabilidades políticas al presidente regional, Fernando López Miras, y criticó la continuidad de la consejera de Salud. Son exigencias políticas formuladas mientras continúa una **investigación judicial** sin resolución sobre las responsabilidades de los comparecientes.

La **Consejería de Salud** respondió que el SMS había actuado con transparencia y sostuvo que fue su propia inspección la que detectó las sospechas y las trasladó a la Fiscalía.

Las comparecencias de esta semana abordan el papel concreto de trabajadores y responsables empresariales en los hechos investigados. En paralelo, los posibles afectados se han organizado para intervenir en la causa. Lo declarado el miércoles no determina por sí solo si se utilizaron productos no homologados o caducados, ni establece responsabilidades penales: el juez deberá valorar las distintas versiones junto con las pruebas reunidas.