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Isabel Gadea declara en Molina por el vídeo de familias musulmanas difundido por un edil de Vox
Isabel Gadea ha declarado en los juzgados de Molina de Segura por la difusión de imágenes de mujeres musulmanas y menores. La dirigente del PSOE pide el cese del concejal de Seguridad Ciudadana; la causa sigue sin
La **declaración de Isabel Gadea en Molina** ha llevado de nuevo a los juzgados la controversia por un vídeo de mujeres musulmanas y sus hijos menores difundido en redes sociales por **Antonio Martínez**, primer teniente de alcalde y concejal de **Seguridad Ciudadana**.
La portavoz del PSOE de la Región de Murcia compareció el **miércoles 4 de noviembre** en relación con la denuncia que presentó por unos hechos que considera constitutivos de un posible delito de odio. La comparecencia es una actuación judicial, **no una resolución sobre la responsabilidad penal** del edil.
Gadea, también portavoz **socialista** en el **Ayuntamiento de Molina** de Segura, denunció ante la Fiscalía la difusión de las imágenes.
Según el PSOE, su iniciativa se sumó a las denuncias de las propias mujeres afectadas. La dirigente sostiene que las familias quedaron expuestas públicamente sin su consentimiento y que el mensaje asociado al vídeo las señalaba por su origen y sus creencias religiosas.
La declaración de Isabel Gadea en Molina y el origen de la denuncia
El episodio denunciado se remonta al **3 de febrero de 2025**. Martínez compartió entonces un vídeo en el que se veía a varias mujeres acompañando a sus hijos al colegio en **Molina de Segura**. Las imágenes aparecían junto a la frase «Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez» Y referencias de apoyo a Vox. La presencia de menores en aquella grabación es una parte central de la queja formulada por Gadea y por las familias.
Tras su comparecencia, la portavoz explicó que decidió denunciar como **vecina de Molina de Segura**. Según relató, vio las imágenes la tarde en que se difundieron y acudió a la Policía Nacional a la mañana siguiente. También afirmó que había aportado un dosier de **178 páginas** con documentación relacionada con actuaciones y publicaciones del concejal posteriores a los hechos. La entrega de ese material, tal como la expone Gadea, no adelanta qué valoración hará el órgano judicial.
Para la dirigente socialista, el problema no se limita al contenido de una publicación política: reside en convertir una escena cotidiana, la llegada de niños al colegio con sus madres, en un mensaje dirigido contra un colectivo. Gadea ha calificado la difusión como un «señalamiento público» Y ha defendido que las imágenes de los menores, su intimidad y su dignidad merecen protección. Son valoraciones de la denunciante; **corresponde** a la Justicia determinar si los hechos tienen relevancia penal.
La petición de cese al alcalde y la situación judicial
La comparecencia ha reactivado, además, una exigencia dirigida al alcalde, **José Ángel Alfonso**, del PP. Gadea le pide que condene lo sucedido y retire a Martínez sus responsabilidades en el Gobierno municipal, especialmente las vinculadas a **Seguridad Ciudadana**. La portavoz distingue esta petición política de la decisión que adopten los tribunales: sostiene que el Ayuntamiento puede valorar la continuidad del concejal en sus funciones sin esperar al resultado del procedimiento.
El debate ya había llegado al pleno municipal.
Según recordó Gadea, el alcalde y Vox votaron contra una propuesta del Grupo Municipal Socialista para reprobar a Martínez y pedir su cese. Ese antecedente explica por qué la portavoz dirige ahora su reclamación al regidor: considera que la responsabilidad de un cargo encargado de la seguridad de toda la población debe examinarse también en el ámbito del Gobierno local.
La secretaria de Igualdad del **PSRM**, **Elena Casado**, se ha sumado a las críticas. Ha considerado inaceptable que responsables públicos utilicen su cargo para enfrentar a vecinos y ha vinculado su rechazo a la defensa de la convivencia. Sus declaraciones expresan la posición del partido denunciante y no constituyen una conclusión judicial sobre Martínez.
Por ahora, la información conocida sitúa la causa en la fase de actuaciones derivadas de las denuncias y de la declaración de Gadea. **No consta una resolución sobre el fondo del asunto** en las fuentes consultadas. La calificación de posible delito de odio corresponde a la denuncia; Martínez conserva la presunción de inocencia mientras el órgano judicial determina el alcance de los hechos y si procede atribuir alguna responsabilidad penal.