La convocatoria electoral entra en vigor: España votará el 29 de noviembre

Las **elecciones generales del 29 de noviembre** han quedado formalmente convocadas este martes, **6 de octubre**, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto que disuelve el Congreso de los **Diputados** y el Senado. El paso oficial da efecto al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez tras perder apoyos parlamentarios. España afronta así una campaña en la que la **vivienda** ocupa ya un lugar central.

El decreto, expedido por el rey **Felipe VI** y refrendado por el presidente del Gobierno, entra en vigor el mismo día de su publicación. La votación se celebrará el **domingo 29 de noviembre**, casi ocho meses antes de lo previsto inicialmente. La noticia de hoy no es un nuevo anuncio de Sánchez: es el acto que hace efectiva la disolución de las Cámaras y fija oficialmente la cita con las urnas.

Qué cambia con la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre

La disolución pone fin a la actividad ordinaria del Congreso y del Senado en esta legislatura. No significa, sin embargo, que desaparezcan todas las funciones parlamentarias durante el periodo electoral. La **Diputación Permanente del Congreso** mantiene competencias específicas entre legislaturas, entre ellas la convalidación de decretos-leyes que pueda aprobar el Gobierno.

Esa continuidad institucional resulta especialmente relevante por el conflicto que precedió al adelanto. El rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda desencadenó la crisis política de los últimos días.

El **Ejecutivo** pretende volver a aprobar medidas en esta materia, aunque su contenido definitivo y su recorrido parlamentario deberán conocerse a través de las decisiones que adopte y de los textos que se publiquen. Por tanto, no cabe dar por vigentes nuevas protecciones para inquilinos a partir de una intención política.

Entre los asuntos que han centrado el debate figuran la protección frente a los desahucios y la continuidad de determinados contratos de alquiler. Son cuestiones distintas, con apoyos parlamentarios que tampoco tienen por qué coincidir.

La posible votación en la Diputación Permanente dependerá tanto del texto que presente el Gobierno como de la posición de sus integrantes; la disolución de las Cortes no equivale a la aprobación automática de los decretos.

Vivienda, huelga y posiciones de los partidos

La convocatoria llega mientras continúa la acampada por la vivienda en la **Puerta del Sol de Madrid**, después de un fin de semana de manifestaciones. En paralelo, **CCOO y UGT** han acordado convocar una **huelga general de 24 horas** este otoño para reclamar mayor acceso a la vivienda y salarios dignos. La protesta aún no tiene fecha fijada, un dato esencial para trabajadores y empresas antes de organizar cualquier cambio de actividad.

La movilización por la vivienda no se limita a Madrid: una manifestación celebrada en Murcia situó también el problema del acceso a un hogar en el debate público. Son acontecimientos diferentes y no deben confundirse con una convocatoria local de la huelga, cuyos detalles están pendientes.

En el terreno electoral, los partidos comenzaron a fijar sus posiciones tras el anuncio del lunes. El **PSOE** ha situado la vivienda en el centro de su mensaje; el **PP**, encabezado por **Alberto Núñez Feijóo**, presenta la votación como una oportunidad para cambiar de Gobierno. **Vox** también ha valorado positivamente el adelanto. Mientras tanto, las formaciones del espacio de Sumar preparan su candidatura y Podemos plantea su propio proceso de primarias.

El contexto político explica la importancia de la publicación de este martes: la disputa sobre las medidas de alquiler pasa a convivir con una fecha electoral ya oficial. Para quienes siguen la situación de sus contratos, la referencia decisiva serán los textos normativos que **finalmente** se publiquen y, cuando corresponda, su convalidación. El debate sobre el alquiler en la campaña continuará, pero las propuestas de los partidos no modifican por sí mismas las condiciones legales vigentes.