noticias
La Fiscalía eleva la alerta por el repunte de delitos sexuales entre menores en la Región
La Memoria de la Fiscalía de 2025 alerta del aumento de delitos sexuales entre menores y del ciberacoso escolar, en un año con un 12,8% más de procedimientos penales.
Los <a href="https://asnoticias.es/noticia/la-fiscalia-alerta-de-mas-carga-penal-en-murcia-y-reclama-reforzar-juzgados-y-plantilla-0031a8">delitos sexuales entre menores</a> aumentaron un 8,4% en la Región durante 2025, según la Memoria de Actividad presentada por la Fiscalía. El balance sitúa esta evolución entre las principales preocupaciones del Ministerio Público, junto al crecimiento del acoso escolar que se desarrolla o se prolonga a través de redes sociales y servicios de mensajería.
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, expuso el informe ante la Asamblea Regional.
La Fiscalía de Menores registró 177 expedientes por delitos contra la libertad sexual frente a los 162 contabilizados el año anterior. La comparación refleja quince expedientes más y confirma una tendencia que la institución considera especialmente sensible por producirse entre personas menores de edad.
Más expedientes y una advertencia sobre el entorno digital
El incremento de estos casos se produjo en un ejercicio en el que la incoación de procedimientos judiciales penales creció un 12,8% en el conjunto regional.
La Memoria apunta a un aumento de los delitos contra la vida y, de forma más acusada, de los delitos de lesiones. Sin embargo, las infracciones contra la libertad sexual descendieron levemente en el cómputo general, una evolución que contrasta con el dato específico de los hechos cometidos por menores contra otros menores.
Díaz Manzanera vinculó parte de la preocupación institucional al acceso cada vez más temprano a internet y a las nuevas tecnologías. La advertencia no equivale a atribuir a las redes sociales el origen único de las conductas, pero sí subraya que el teléfono móvil puede amplificar conflictos, facilitar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y mantener el hostigamiento fuera del horario escolar.
En este sentido, familias, alumnado y centros educativos afrontan una prevención que requiere atención temprana. Guardar capturas, no reenviar material que pueda vulnerar la intimidad, informar a una persona adulta de referencia y comunicar los hechos al centro son pasos que pueden ayudar a activar los protocolos correspondientes. Si existe peligro inmediato o una amenaza grave, debe recurrirse a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes.
El acoso escolar no termina al salir del aula
La Fiscalía ha puesto el foco en el acoso escolar a través de redes, un fenómeno que puede trasladar al ámbito digital situaciones iniciadas en el aula o surgir directamente en grupos y perfiles. La rapidez con la que circulan imágenes, vídeos, insultos o mensajes excluyentes hace que una incidencia aparentemente limitada alcance a más menores en pocos minutos.
Para los centros, la detección depende a menudo de que el alumnado o las familias comuniquen lo ocurrido sin miedo a represalias. También resulta relevante diferenciar entre un conflicto puntual y una conducta sostenida de humillación, amenaza o aislamiento. La respuesta educativa, el acompañamiento a la víctima y la investigación de los hechos deben ajustarse a cada caso, especialmente cuando pueda haber indicios de delito.
La apertura del curso ha devuelto a las aulas a miles de estudiantes, como ha ocurrido en <a href="https://asnoticias.es/noticia/alguazas-abre-el-curso-2026-2027-con-el-regreso-de-infantil-y-primaria-a-las-aulas-5511a4">Alguazas con el regreso de Infantil y Primaria</a>. Por tanto, el aviso de la Fiscalía también refuerza la necesidad de que los canales de orientación, convivencia y comunicación con las familias estén accesibles desde las primeras semanas lectivas.
Más plantilla y proyectos judiciales pendientes
La Memoria recoge igualmente la elevada carga de trabajo de la Fiscalía regional. Aunque en 2025 se autorizaron siete plazas nuevas y la plantilla pasó de 72 a 79 fiscales, la ratio se mantiene en torno a 22.000 habitantes por fiscal, por encima de una media nacional inferior a 18.000.
El fiscal superior reclamó ampliar tanto la plantilla de fiscales como la de funcionarios, además de separar la Fiscalía Superior de la Fiscalía Provincial.
También pidió impulsar la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena y el nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura. Finalmente, estas demandas se presentan como una cuestión de capacidad de respuesta: la tramitación eficaz de expedientes, incluidos los que afectan a menores, depende de contar con recursos suficientes y especializados.
La prevención de los delitos sexuales entre menores exige educación afectivo-sexual adaptada a la edad, respeto a la intimidad, supervisión responsable y una reacción rápida ante cualquier señal de acoso. La comunidad educativa y las familias comparten así un papel decisivo para evitar que el daño se normalice o quede oculto en las pantallas.