Una estafa a proveedores de alimentación deja 126 empresas afectadas, entre ellas firmas de Molina

La **estafa a empresas de alimentación** por la que la **Audiencia Nacional** ha condenado a **22 personas** afectó también a proveedores de **Molina de Segura**. La sentencia cifra el fraude en **1.377.130 euros** y sitúa en **126** el número de sociedades perjudicadas entre enero de 2011 y mayo de 2013. El caso pone el foco en operaciones de compraventa del sector alimentario, un ámbito con actividad empresarial en el municipio, aunque los datos conocidos no identifican a las firmas molinenses afectadas. La actividad industrial alimentaria de Molina forma parte de un tejido productivo más amplio en la Región.

Las condenas son reducidas en relación con el importe defraudado. A quienes encabezaban el grupo se les imponen penas que, en conjunto, suman **un año, dos meses y 29 días de prisión** por integración en grupo criminal en concurso con estafa agravada. Para el resto de los condenados, las penas son de **seis meses de prisión**. El tribunal aplica a todos atenuantes por las **dilaciones indebidas** acumuladas durante el procedimiento y por su **confesión tardía**.

Cómo funcionó la estafa a empresas de alimentación

Según los hechos recogidos en la sentencia, los condenados constituyeron **sociedades instrumentales** con las que se presentaban ante proveedores del sector. La apariencia de solvencia les permitía encargar productos y recibir la mercancía. Después no pagaban las compras: vendían lo recibido en el mercado y obtenían ingresos por unas operaciones cuyo coste dejaban pendiente frente a las empresas suministradoras.

Ese mecanismo explica por qué el perjuicio no quedó limitado a una sola localidad. Entre las mercantiles afectadas figuran empresas de **Molina de Segura, Yecla y Beniel**, además de otras de distintos lugares. Los datos disponibles permiten concretar el volumen global del fraude, pero no repartir los **1,37 millones de euros** entre municipios ni precisar cuánto perdió cada proveedor.

Una vez recibida la mercancía y completada su salida comercial, la sociedad utilizada para cursar los pedidos quedaba inutilizada, de acuerdo con la resolución. Así, el grupo podía operar mediante nuevas empresas aparentes mientras los vendedores afrontaban el impago de entregas ya realizadas. La clave del engaño estaba en la identidad y la solvencia que mostraba el comprador, no en un problema de calidad de los alimentos.

De los impagos de 2011 a las condenas

Los hechos juzgados comenzaron en **enero de 2011** y se prolongaron hasta **mayo de 2013**. El tiempo transcurrido desde entonces resulta determinante para entender el resultado penal: la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta el retraso del procedimiento al fijar las penas. La confesión tardía constituye la otra circunstancia atenuante reconocida a los condenados.

La sentencia distingue, por tanto, entre la gravedad económica del fraude acreditado y la duración de las penas finalmente impuestas. Una condena de prisión inferior a dos años no equivale por sí sola a afirmar que alguien vaya o no a ingresar en la cárcel: esa cuestión depende de los trámites y decisiones de ejecución que correspondan. Tampoco se desprende de los datos difundidos qué parte de las pérdidas ha podido recuperarse.

Para las empresas proveedoras, el caso muestra el alcance que puede adquirir una sucesión de pedidos impagados cuando se canalizan mediante sociedades creadas para aparentar una actividad ordinaria. No se trata de atribuir el fraude al conjunto del sector: la comercialización agroalimentaria de Cieza y la actividad logística alimentaria en Las Torres de Cotillas son ejemplos distintos de una cadena regional de empresas y proveedores. En este procedimiento, lo acreditado es la actuación de los **22 condenados** y el perjuicio causado a **126 mercantiles**, entre ellas firmas de Molina.