Archena y la Vega deberán adaptar sus planes ante terremotos

**Archena y los municipios del Valle de Ricote y las vegas del Segura deberán ajustar su planificación frente a terremotos a la nueva directriz estatal.** El texto, publicado en el BOE el 10 de octubre y con efectos desde el día 11, fija un plazo de cuatro años para adaptar los planes de protección civil a su estructura y contenido.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre. Sustituye el acuerdo de 1995 y establece cómo deben coordinarse las administraciones, analizarse las zonas expuestas y organizarse la respuesta. Su alcance es preventivo: regula la preparación de los servicios y la información a los vecinos, sin anunciar un terremoto ni activar por sí misma una emergencia.

Qué municipios aparecen en la directriz

El anexo III-A recoge los términos municipales donde los estudios del Instituto Geográfico Nacional contemplan intensidades iguales o superiores a VII para un periodo de retorno de 475 años. En la Región figuran sus 45 municipios. Entre ellos están **Archena, Abarán, Blanca, Cieza, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Alguazas y Las Torres de Cotillas**.

Once de estos trece municipios aparecen también en el anexo III-B, correspondiente a intensidad igual o superior a VIII: todos salvo Abarán y Cieza. Esa clasificación es una referencia técnica para planificar. La intensidad describe los efectos del movimiento sobre personas, construcciones y entorno; no equivale a la magnitud de un terremoto ni debe leerse como una previsión para una fecha concreta.

La propia directriz recuerda que actualmente no existe un método capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud se producirá un seísmo. El mapa permite delimitar áreas de peligrosidad a partir de los registros y de las características geológicas. La inclusión en sus anexos tampoco acredita, por sí sola, un aumento reciente del peligro.

Qué deben contener los planes locales

El apartado 2.7 exige definir la organización y los procedimientos de intervención dentro de cada municipio, así como la coordinación con otras administraciones locales y con el plan autonómico. También deben identificarse las áreas que pueden necesitar medidas de prevención o despliegues de recursos y las infraestructuras utilizables durante una emergencia.

La información y la formación de la población forman parte del contenido mínimo, junto con las medidas de autoprotección y un catálogo de medios y recursos. Son tareas que enlazan con el trabajo ordinario de las agrupaciones locales, como la dotación de material para Protección Civil de Abarán anunciada en septiembre, aunque aquella ayuda corresponde a un expediente distinto.

Cuatro años para adaptar la planificación

El apartado 2.8 establece que todos los planes se adaptarán en cuatro años desde la entrada en vigor de la directriz. Una vez aprobados, sus contenidos deberán publicarse y ser accesibles. La norma fija esas obligaciones generales, pero no informa del grado de adaptación de cada ayuntamiento ni permite concluir que un municipio concreto carezca actualmente de plan.

La preparación frente al riesgo convive con el seguimiento de la actividad registrada. AS Noticias ha informado de los dos terremotos localizados en Beniel el 30 de septiembre y del balance histórico de sismicidad de la Región.