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La Fiscalía alerta de más carga penal en Murcia y reclama reforzar juzgados y plantilla
La Fiscalía de la Región de Murcia eleva la alerta por el crecimiento de asuntos penales, los delitos entre menores y una ratio de habitantes por fiscal superior a la media nacional.
La <strong>Memoria de la Fiscalía de Murcia</strong> correspondiente a 2025 deja un aviso relevante para toda la Región: los procedimientos judiciales penales incoados crecieron un 12,8% durante el último ejercicio. El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, presentó el balance ante la Asamblea Regional y reclamó más medios humanos y materiales para responder a una carga de trabajo que afecta al funcionamiento de la Justicia. La cuestión llega en un momento en el que municipios como Molina de Segura esperan avances en servicios e infraestructuras públicas con incidencia directa en su población.
El documento, expuesto ante la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, y los portavoces de los grupos parlamentarios, repasa la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma.
Díaz Manzanera valoró de forma positiva el trabajo de los equipos pese a la intensidad del ejercicio, pero insistió en que el incremento de asuntos exige una respuesta estructural y no solo medidas puntuales.
Un 12,8% más de procedimientos penales
La subida general de procedimientos no se reparte por igual entre todas las tipologías.
La Fiscalía aprecia un ligero aumento de los delitos contra la vida y un incremento más acusado de los relacionados con lesiones. Sin embargo, la memoria recoge una leve reducción de las lesiones vinculadas a violencia contra la mujer y violencia de género, así como de los delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio.
Estos datos describen la actividad judicial registrada en el conjunto regional y no equivalen por sí solos a una evolución idéntica en cada municipio. Aun así, el balance sirve para dimensionar la presión que soportan juzgados, fiscalías y cuerpos de apoyo cuando deben tramitar investigaciones, acusaciones y procedimientos penales. Por tanto, la Fiscalía plantea que la mejora de los recursos es una condición necesaria para evitar retrasos y mantener la atención a víctimas y ciudadanos.
Menores, delitos sexuales y acoso en redes
Uno de los puntos que más preocupa al fiscal superior es la delincuencia entre menores. Los expedientes por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores contra otros menores aumentaron un 8,4% en 2025, según los datos trasladados en la presentación. También se subraya la persistencia de situaciones de acoso escolar a través de redes sociales y otros canales digitales.
Díaz Manzanera vinculó esta realidad al acceso cada vez más temprano a internet y a las nuevas tecnologías. El diagnóstico sitúa el foco en la prevención desde las familias, los centros educativos y los servicios de orientación, además de la necesaria actuación judicial cuando existe un posible delito. En este sentido, la vuelta a las aulas, como la ya iniciada en Alguazas, refuerza la importancia de los protocolos de convivencia, la educación digital y la comunicación temprana ante cualquier indicio de acoso.
Más fiscales y el nuevo Palacio de Justicia de Molina
La Fiscalía sostiene que la Región de Murcia mantiene la ratio más alta de habitantes por fiscal de España: alrededor de 22.000 residentes por cada integrante de la carrera fiscal, frente a una media nacional por debajo de 18.000. Aunque la plantilla ha pasado de 72 a 79 plazas, el fiscal superior considera que el incremento sigue siendo insuficiente ante el volumen de asuntos atendidos.
Entre las prioridades expuestas ante la Asamblea figuran ampliar la plantilla de fiscales y funcionarios, separar funcionalmente la Fiscalía Superior de la Fiscalía Provincial y acelerar dos proyectos de infraestructura: la Ciudad de la Justicia de Cartagena y el nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura. La petición convierte este último proyecto en una cuestión de alcance regional, al estar llamado a concentrar y modernizar servicios judiciales. Finalmente, la memoria reclama que el refuerzo de medios acompañe a la evolución de la criminalidad y permita una respuesta más ágil, también en los procedimientos que afectan a menores y a víctimas.