Las estafas inferiores a 400 euros abren una brecha en la investigación policial en la Región de Murcia

Las **estafas inferiores a 400 euros en Murcia** plantean un problema de investigación que la **Fiscalía** ha dejado por escrito. **Elena González Arévalo**, fiscal responsable de Criminalidad Informática, sostiene que, con carácter general, la **Policía Nacional** no realiza pesquisas sobre las denuncias por estafas cuyo importe no supera esa cantidad. La advertencia figura en un informe incorporado a la **Memoria 2026 de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia**. La cuestión afecta al tratamiento de fraudes de pequeña cuantía y es distinta de la estafa a proveedores de alimentación que afectó a 126 empresas.

La fiscal sitúa el problema en la proliferación de esos casos y en la ausencia de una instrucción propiamente dicha en los procedimientos. Según explica, esta última circunstancia impide cuantificar con precisión tanto los procedimientos como las sentencias dictadas. Por tanto, su advertencia describe una práctica que afirma haber detectado, pero no ofrece una cifra de denuncias sin investigar ni permite calcular qué proporción representan sobre el total.

Estafas inferiores a 400 euros: lo que señala la Fiscalía

El informe acota su observación al **ámbito territorial de Murcia** y al **Cuerpo Nacional de Policía**. Esa precisión importa: no atribuye la misma actuación a todos los cuerpos policiales ni permite afirmar que cada denuncia por una cantidad inferior a **400 euros** termine del mismo modo. La expresión utilizada por González Arévalo, «con carácter general» **Apunta** a una pauta observada, no a la inexistencia absoluta de excepciones.

Tampoco equivale la falta de investigación señalada por la fiscal a que una persona perjudicada no pueda presentar una denuncia. Son fases diferentes: una cosa es comunicar los hechos y dejar constancia de ellos; otra, practicar diligencias para identificar a quien cometió la estafa y reunir pruebas. Esa distinción está en el centro de la respuesta del **sindicato** policial **Jupol**, que rechaza que los agentes ignoren los delitos leves o se nieguen a recoger las denuncias.

Jupol admite limitaciones, pero rechaza que se desatiendan las denuncias

**Jupol** afirma que los funcionarios reciben las denuncias e inician los trámites previstos por el protocolo. A la vez, reconoce que existen **limitaciones operativas para realizar investigaciones exhaustivas** cuando el perjuicio económico no alcanza los **400 euros**. El sindicato atribuye esas dificultades a la falta de medios humanos y materiales en la Región y pide ampliar el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional.

La discrepancia, por tanto, no gira únicamente en torno a si se atiende a quien acude a denunciar, sino a qué ocurre después con su caso.

La Fiscalía alerta de la falta general de investigación; Jupol defiende la actuación de la plantilla y admite obstáculos para profundizar en las pesquisas. La petición sindical de más efectivos se produce, además, después del anuncio de incorporación de 67 agentes a la Policía Nacional en la Región, aunque la información disponible no establece que ese refuerzo esté destinado específicamente a investigar estas **estafas**.

El importe no resuelve por sí solo cómo se clasifica un fraude

González Arévalo introduce otro matiz jurídico en su informe. En relación con las **estafas previstas en el artículo 249 del Código Penal**, señala que han disminuido los procedimientos abiertos inicialmente como delito leve por razón de la cuantía que después debían transformarse a petición del **Ministerio Fiscal**. Lo atribuye a que los juzgados han afianzado el criterio de considerar esas modalidades delitos menos graves con independencia del dinero defraudado.

Esta precisión afecta, entre otros supuestos mencionados en la información, a la estafa informática y al uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo. Por ello, **400 euros no deben interpretarse como una frontera universal** que determine si un fraude puede investigarse o cuál será necesariamente su calificación penal. El tipo de conducta denunciada también importa y corresponde a los órganos competentes valorar cada caso.

Para quien sufra un cargo no autorizado o una estafa, la diferencia entre presentar una denuncia y que se desarrollen diligencias posteriores es especialmente relevante: el informe fiscal no dice que las denuncias por importes pequeños carezcan de validez. Sí pone el foco en la respuesta investigadora una vez comunicados los hechos. Esa cuestión se suma a la reclamación de más plantilla y medios para la Fiscalía regional, planteada en otro apartado de su balance, sin que ambos avisos describan exactamente el mismo problema.