La ley que sustituirá a la de 2005 empieza su camino en la Asamblea: qué cambia para las universidades de la Región

La Región de Murcia ha dado el primer paso parlamentario para cambiar las reglas de juego de sus universidades. El **Pleno de la Asamblea Regional** aprobó este **martes 3 de noviembre** la **toma en consideración** del proyecto de **Ley de Universidades de la Región de Murcia**, que sustituirá a la normativa vigente desde **2005**. El texto salió adelante con el apoyo de **PP y Vox** y la **abstención del PSOE**, y entra ahora en la fase de enmiendas.

La norma afecta a un sistema con **más de 55.000 estudiantes universitarios** y a las dos universidades públicas regionales, la **Universidad de Murcia** y la **Universidad Politécnica de Cartagena**, a las que acuden cada curso alumnos de toda la Región.

Qué propone el proyecto

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, **Juan María Vázquez**, defendió que la Región necesita un marco actualizado, estable y útil para las próximas décadas. El proyecto tiene **110 artículos** y entre sus principales novedades figuran la creación de un **Consejo de Estudiantes de las Universidades**, el refuerzo de las políticas de **inclusión y accesibilidad** para personas con discapacidad, el impulso a la investigación y a la **transferencia de conocimiento** a las empresas, la internacionalización y la incorporación de la **inteligencia artificial** a la enseñanza superior.

En el plano económico, el texto plantea un **nuevo modelo de financiación** de las universidades públicas basado en la suficiencia financiera, la eficiencia y la corresponsabilidad, articulado mediante **planes anuales y plurianuales** y mecanismos de evaluación. Según el consejero, el borrador recibió **221 aportaciones de 95 participantes** en la consulta pública y fue revisado por el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico antes de llegar a la Cámara.

La financiación, en el centro del debate

El diputado socialista **Juan Andrés Torres** sostuvo que la ley no garantiza recursos suficientes para el funcionamiento de los campus, porque solo asegura las transferencias destinadas a gastos de personal, y reclamó un calendario para alcanzar una inversión universitaria del **1% del PIB regional**, frente al **0,77%** que sitúa como nivel actual. También echó en falta medidas sobre vivienda y residencias de estudiantes, transporte público, becas y salud mental, aunque su grupo se abstuvo para permitir que la norma se mejore con enmiendas.

Las diputadas y diputados de Podemos-IU-AV en el Grupo Mixto rechazaron el modelo económico. **María Marín** criticó el principio de corresponsabilidad, por el que las universidades públicas deberán procurar un aumento gradual de sus ingresos procedentes de fuentes sociales, empresariales e institucionales, y recordó que el anteproyecto llegó a fijar un objetivo del 30% de financiación de otras fuentes. **José Luis Álvarez-Castellanos** cuestionó, además, la inclusión del concepto de neutralidad ideológica.

Ese mismo concepto fue el que reivindicó **Vox**. Su diputado **Ignacio Arcas** apoyó la tramitación, pero advirtió de que su voto no es un cheque en blanco y anunció cambios al articulado. Por el PP, **María Luisa Casajús** defendió que la ley modernizará el sistema, reforzará la transparencia y acercará la investigación al tejido productivo, y destacó que el plan plurianual de financiación supone un incremento del 47% respecto al anterior.

Por qué importa a los estudiantes

Las universidades públicas de la Región viven un curso con debates abiertos sobre la asistencia a clase, la retribución de sus investigadores en formación y el acceso, con la PAU de 2027 ya con fechas. La nueva ley fijará el marco en el que se decidan muchas de esas cuestiones, empezando por cuánto dinero recibirán los campus y con qué compromisos.

Próximos pasos

Tras la votación, la **Mesa de la Asamblea** abrirá el plazo para proponer comparecencias y remitirá el proyecto a la comisión correspondiente, donde los grupos podrán presentar **enmiendas** antes de su eventual aprobación definitiva. El calendario de esa tramitación no se ha concretado.