Sumar pide una Consejería de Vivienda en la Región y cuestiona la falta de nuevas VPO

**Sumar Región de Murcia** ha reclamado este sábado, **3 de octubre**, una **Consejería de Vivienda**, un plan autonómico y un parque público para ampliar las opciones de acceso a un hogar. La formación sostiene que ninguna de las viviendas iniciadas en la comunidad durante 2024 y 2025 era de protección oficial. La petición llega en un momento en el que el precio del alquiler sigue ocupando el debate público regional.

Según las cifras que cita Sumar, en **2024 se iniciaron 3.138 viviendas** en la Región y en **2025, otras 4.308**. La suma asciende a **7.446**, una actividad constructora que, a juicio del partido, no se está traduciendo en nuevas promociones protegidas. La formación atribuye esa situación al modelo de **vivienda** del **Ejecutivo** que preside **Fernando López Miras**. Es una valoración política: las cifras incluidas en su comunicado no permiten, por sí solas, determinar todos los motivos por los que no se habrían iniciado esas promociones.

Vivienda protegida en la Región de Murcia: las medidas que propone Sumar

La propuesta de **Sumar** no se limita a crear un departamento con competencias específicas. El partido pide también un plan propio de vivienda pública, social y asequible y la ampliación del parque público.

Su planteamiento busca que la Administración regional intervenga en la oferta disponible para quienes no pueden afrontar los precios del mercado libre, tanto si buscan comprar como si necesitan alquilar.

La formación menciona además la existencia de **más de 100.000 viviendas vacías** en la comunidad. Esa cifra figura en su argumentación sobre el acceso a la vivienda, aunque un inmueble vacío no equivale necesariamente a una casa disponible para adjudicación o alquiler público. Poner viviendas protegidas a disposición de los solicitantes exige medidas concretas, financiación y plazos que el comunicado no detalla.

La discusión tiene una dimensión inmediata para quienes esperan una respuesta administrativa. Sumar afirma que **más de 2.000 jóvenes** siguen pendientes del **Bono Alquiler Joven** y acusa al **Gobierno** autonómico de haber devuelto **22 millones de euros** que podrían haberse destinado a vivienda pública. Son afirmaciones de la formación, no un balance de expedientes y fondos contrastado con la Administración regional en esta información. Para las personas solicitantes, resulta especialmente importante distinguir entre un programa de ayuda al alquiler y la construcción de nuevas viviendas protegidas: responden a necesidades relacionadas, pero funcionan de manera distinta.

El choque por los decretos estatales y la responsabilidad autonómica

El pronunciamiento de Sumar se produce tras el bloqueo de dos decretos estatales sobre vivienda en el **Congreso**. El partido defiende que esas medidas ofrecían protección a los inquilinos y sostiene que su rechazo no resuelve las dificultades para encontrar una casa asequible. Al mismo tiempo, reclama al Ejecutivo murciano actuaciones dentro de sus propias competencias, sin supeditar toda la respuesta regional a lo que ocurra con las normas estatales. Las medidas sobre alquileres forman parte de ese debate más amplio.

**Juan Carlos Pastor**, cocoordinador de **Movimiento Sumar** Región de Murcia, dirige sus críticas a López Miras y contrapone las declaraciones del presidente sobre la urgencia de actuar a la ausencia de nuevas VPO que denuncia su formación.

Pastor pide asimismo aplicar la Ley de Vivienda en la comunidad. Sus palabras reflejan la posición del partido; no suponen que todas las cifras o responsabilidades señaladas hayan sido aceptadas por el Gobierno regional.

El acceso a una vivienda no se juega únicamente en los anuncios de nuevas promociones. Los tiempos de tramitación de las ayudas, la disponibilidad de alquileres asequibles y la situación de los hogares con riesgo de perder su casa también forman parte del problema que describen las entidades sociales.

En la Región se han conocido recientemente suspensiones de desahucios mientras se buscaban alternativas para las familias afectadas.

La reclamación de Sumar queda, por ahora, en el terreno de la propuesta política. Para conocer su alcance práctico harían falta un presupuesto, objetivos de viviendas y un calendario de ejecución. También conviene separar las viviendas iniciadas de las terminadas y entregadas: son fases distintas y ninguna garantiza por sí sola que una familia pueda acceder de inmediato a un inmueble protegido. En paralelo, otras administraciones mantienen procesos de acceso a vivienda protegida, que requieren atender a sus requisitos y convocatorias específicos.